viernes, 3 de julio de 2009

¿Cuánto costará el voto del hambre?

El PRI y el PAN cuentan en Sonora con dos aliados: el voto duro y el del hambre. El 5 de julio se intensificará la compra de sufragios.
Cuauhtémoc Mávita E./periodista

La compra de votos es un delito electoral, sin embargo, los organismos electorales es probable se hagan de la “vista gorda”, ya que según éstos si se aplica la ley se corre el riesgo de ahuyentar a los votantes y que gane el abstencionismo. Sin embargo, si hay denuncias bien sustentadas si se podría castigar a los infractores, aunque estas sanciones no llegarán al extremo de anular la votación emitida a favor de quien se preste a este juego antidemocrático y sea sorprendido “infraganti”.
Con motivo de lo anterior los partidos más fuertes que contienden en la elección. Del domingo 5 de julio, es decir el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), tienen dos aliados seguros en estos comicios: el voto duro y el voto del hambre.
El sufragio duro es de todos conocido, ya que se conforma por los militantes de cada partido que no cambian su sufragio al sentirse comprometidos con el organismo político al que pertenecen y por consiguiente con los candidatos que este ha designado para los diferentes cargos de elección popular; el voto del hambre, en cambio, lo integran todos aquellos ciudadanos que viven en la pobreza, que son presas del analfabetismo, y entre quienes sigue teniendo vigencia la compra del voto sea con dinero en efectivo, las despensas y las amenazas.
En las entidades, entre ellas Sonora, donde se espera este domingo una votación cerrada, no solo para gobernador sino también en los otros cargos de elección popular en disputa, el voto duro tendrá un peso enorme. Se estima que el PRI Sonora cuenta con un ejército de 200 mil votantes que no le escatimarán el sufragio, en tanto que el PAN contaría con aproximadamente 150 mil sufragantes.
Lo anterior significa que tanto el candidato del PRI como el del PAN, tratándose de la gubernatura del estado, tendrán que ingeniárselas para allegarse cuando menos 250 mil y 300 mil votos adicionales, respectivamente, si quieren ganar la elección. En ese sentido precisan, como una necesidad, operar la movilización de votantes y la compra de votos, aunque en los comités de campaña de esos partidos distribuir dinero o despensas se justifica como una ayuda para facilitar el desarrollo de los comicios. Los sufragios que les hacen falta se localizan entre los indecisos y entre los pobres a quienes tendrán que convencer para que les vendan el voto.
Por supuesto que comprar el sufragio no es garantía de que se votará a favor del comprador, pero si es indicativo de que el votante no se quedará en casa. Esas estrategias le han funcionado a algunos candidatos, otros simplemente han quedado frustrados.
No obstante, esa es parte de la nueva realidad electoral donde es casi imposible poner en práctica el “taqueo”, el “embarazamiento de urnas”, la alteración de las actas, el “rasuramiento” del padrón electoral y, entre otros, el “mapachismo”.
Pero hay conductas ilegales y antidemocráticas que es difícil controlar, como la movilización y la compra del voto, más cuando las autoridades electorales no se sienten capaces jurídica e institucionalmente para frenarlas.
Por eso se adelanta que ante lo apretado de la elección para designar al sucesor del aún gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, habrá una obesa danza de dinero. Entre el PRI y el PAN se estima se podrían gastar cuando menos 200 millones de pesos tan solo el día de la elección, lo cual de entrada sería una flagrante violación electoral, dados los techos de financiamiento autorizados para cada partido.
Desafortunadamente, millones de pesos que se meten a las campañas no son rastreables y ante lo cual la prepotencia y la impunidad continúan sentando sus reales en estos procesos. Lo que no está en duda es que alguien ganará la elección. Así las cosas.

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